Carme Borrell, médica y doctora en Salud Pública, sigue vinculada al Grupo de Vivienda y Salud de la Agència de Salut Pública de Barcelona y preside la Fundació La Dinamo, que promueve la vivienda cooperativa en cesión de uso.
Durante cuatro décadas, Carme Borrell ha desarrollado su trayectoria en la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), de la que fue gerente entre 2015 y agosto de 2025. También dirigió la revista científica Gaceta Sanitaria entre 2010 y 2016. Su trabajo se ha centrado en investigar cómo las condiciones sociales influyen en la salud y por qué estas generan desigualdades entre las personas.
Aunque se jubiló hace un año, continúa participando en investigaciones sobre vivienda y salud, asesorando trabajos científicos, dirigiendo tesis y colaborando en actividades de formación. Compagina esta labor con la presidencia de la Fundació La Dinamo, desde la que contribuye a impulsar una vivienda cooperativa estable, comunitaria y alejada de la especulación.
En nuestra conversación, su punto de partida es claro: para comprender la salud también debemos mirar cómo vivimos. Y, en plena crisis de la vivienda, eso significa preguntarnos qué ocurre cuando pagar una casa, conservarla o encontrar un lugar adecuado para vivir se convierte en una preocupación constante.
La salud también depende de dónde y cómo vivimos
La población entiende que la salud está relacionada con los servicios asistenciales, o sea los hospitales, consultas, pruebas o tratamientos. Son fundamentales cuando enfermamos, pero no explican por sí solos por qué unas personas tienen más posibilidades de vivir con buena salud que otras.
Borrell recuerda que nuestra salud está condicionada por el trabajo, los ingresos, el medio ambiente y, por supuesto, la vivienda.
«La salud depende de las condiciones de vida».
En salud pública se utiliza la expresión determinantes sociales de la salud. La Organización Mundial de la Salud los ha definido como las circunstancias en la que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, y las fuerzas más amplias que conforman las condiciones de la vida cotidiana. Puede parecer una definición técnica, pero describe algo cotidiano: no tenemos las mismas oportunidades de cuidarnos si vivimos con estabilidad que si debemos elegir entre pagar el alquiler, comprar comida o encender la calefacción.
Por eso, tener una vivienda adecuada significa mucho más que disponer de un techo. Importan sus condiciones, cuánto cuesta mantenerla, la seguridad de poder seguir viviendo en ella y el barrio que la rodea.
Borrell evita presentar la vivienda como el único factor o el más importante en cualquier circunstancia. El empleo, la pobreza o los problemas ambientales, entre otros, también son fundamentales y están relacionados entre sí. Pero reconoce que la situación actual ha hecho especialmente urgente hablar de vivienda y salud.
El daño puede empezar antes de perder la casa
No es necesario llegar a un desahucio para que la salud se resienta. La incertidumbre puede instalarse mucho antes: cuando no sabemos si podremos pagar el próximo mes, si nos renovarán el contrato o cuánto subirá el alquiler.
Borrell recuerda cómo su grupo comenzó a estudiar esta relación durante la crisis financiera de 2008, trabajando con personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Uno de aquellos estudios, publicado en 2016, encontró indicadores de mala salud mental en el 90,6 % de las mujeres y el 84,4 % de los hombres de la muestra de la PAH. En la población general de Cataluña utilizada como comparación, las cifras fueron del 15,5 % y el 10,2 %, respectivamente. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
La diferencia es enorme, pero necesita una explicación. Se utilizó un cuestionario que detecta malestar psicológico; esos resultados no equivalen a diagnósticos de trastornos mentales. Tampoco describen a todas las personas con dificultades de vivienda ni pueden trasladarse directamente a la situación actual.
Borrell lo puntualiza durante la entrevista:
«No implica tener trastornos mentales. Hay que decir sufrimiento, sufrimiento psicológico».
Es una distinción importante. Hablamos del sufrimiento que puede acompañar a una amenaza sobre algo tan básico como el hogar, sin convertir automáticamente ese malestar en una enfermedad mental.
Pagar el alquiler y quedarse sin margen para vivir
Conseguir pagar la vivienda tampoco garantiza tranquilidad. Si absorbe una parte excesiva de los ingresos, puede dejar muy poco para otras necesidades.
Borrell explica que la inseguridad residencial se entrelaza con la pobreza energética y la inseguridad alimentaria: hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada o que tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente.
«Al final es una suma de inseguridades», señala.
Pagar la casa puede significar reducir la compra de alimentos, soportar frío o calor, o renunciar a actividades que ayudan a mantener las relaciones y el bienestar. La vivienda se paga, pero el coste se extiende al resto de la vida.
También afecta a la posibilidad de hacer planes. Compartir piso puede ser una elección, pero se vive de otra manera cuando es la única opción durante años y no permite desarrollar el proyecto de vida deseado.
Borrell destaca las dificultades de los jóvenes para emanciparse, aunque recuerda que también hay personas mayores afectadas. Y señala una desigualdad que marca muchas trayectorias: contar con una familia que pueda prestar dinero, facilitar una vivienda o dejar una herencia ofrece oportunidades que otras personas no tienen.
Humedades, frío, calor y ruido: las condiciones también importan
La salud depende, además, de cómo es la casa en la que vivimos.
Durante la conversación, Borrell explica que las malas condiciones residenciales pueden relacionarse con problemas respiratorios y cardiovasculares. El frío o el calor excesivo, las humedades y el ruido son factores que pueden perjudicar nuestra salud. El hacinamiento añade dificultades para descansar, disponer de intimidad o reducir la exposición a enfermedades transmisibles.
No basta, por tanto, con preguntar si alguien tiene vivienda. También hay que preguntar en qué condiciones vive y si puede mantenerla de forma adecuada.
Esta es otra dimensión de la crisis: permanecer en una casa que no reúne buenas condiciones porque no se puede acceder a otra.
Las acampadas y un hartazgo que viene de lejos
Cuando le pregunto por las acampadas de Sol y las movilizaciones en distintas ciudades, Borrell responde sin rodeos:
«Yo lo que no entiendo es cómo no ha pasado antes».
Comprende el hartazgo de quienes ven alejarse la posibilidad de tener una vivienda estable. «Esta situación es insostenible para mantener una vida, un proyecto de vida», afirma.
Su respuesta no se queda en valorar una protesta. Destaca el papel de las organizaciones que ayudan a que las personas afectadas dejen de sentirse solas. Recuerda la importancia de la PAH durante la crisis hipotecaria y subraya el trabajo que realizan los sindicatos de inquilinos e inquilinas.
Organizarse permite compartir información, buscar apoyo y trasladar demandas a las instituciones. También ayuda a comprender que una dificultad vivida con culpabilidad puede formar parte de un problema social mucho más amplio.
No garantiza una solución inmediata, pero permite afrontar la situación acompañado y sin cargar individualmente con toda la responsabilidad.
Qué puede hacer el centro de salud
«Los servicios asistenciales no van a poder dar vivienda», reconoce Borrell. Aun así, pueden ayudar.
El primer paso es identificar qué está ocurriendo. Una persona puede acudir porque duerme mal o se siente desbordada y estar viviendo una situación de inseguridad residencial que no se conoce si nadie pregunta por ella.
Después viene el acompañamiento: escuchar, ayudar a comprender las circunstancias y facilitar el contacto con trabajo social, oficinas de vivienda u organizaciones de apoyo.
Borrell insiste en evitar la culpabilización. Perder la casa o no poder acceder a ella no se explica únicamente por decisiones individuales. También intervienen el empleo, el mercado de la vivienda que influye en los precios y la falta de políticas públicas suficientes.
La atención sanitaria puede incluir tratamientos cuando estén indicados, pero la respuesta no puede reducirse a medicar el sufrimiento mientras se ignoran las circunstancias que lo están provocando.
Para abordar estas situaciones hacen falta gobernanza, formación, coordinación y tiempo. La entrevistada reconoce las dificultades de una atención primaria sometida a una gran presión asistencial, en la que no siempre resulta fácil preguntar por las condiciones de vida.
La salud pública es multidisciplinar
Borrell quiere dejar clara otra idea: la salud pública no es un ámbito exclusivo de la medicina.
En ella trabajan profesionales de la sociología, la antropología, la estadística y otras disciplinas. Un par de ejemplos: para estudiar las muertes asociadas al calor hacen falta buenos análisis de datos. Para comprender lo que sucede en un barrio también hay que conocer sus condiciones sociales y escuchar a quienes viven allí.
La planificación urbana puede facilitar que caminemos, dispongamos de zonas verdes o estemos menos expuestos al ruido. Las decisiones sobre transporte, vivienda o espacios públicos también pueden tener consecuencias en salud.
«La salud pública va más allá de la medicina».
Esa mirada multidisciplinar ayuda a entender por qué una decisión sobre una casa, una calle o un barrio puede afectar al bienestar de muchas personas.
Vivienda cooperativa: estabilidad y una comunidad que acompaña
Borrell quiere dedicar una parte importante de la conversación a la vivienda cooperativa en cesión de uso, el modelo que promueve La Dinamo.
Para quien no lo conoce, la explicación empieza por una diferencia fundamental: la propiedad pertenece a la cooperativa. Sus integrantes tienen derecho a utilizar las viviendas, pero no a vender individualmente el piso como si fuera suyo.
«Las personas cooperativistas tienen derecho de usarla, pero no la pueden vender».
El objetivo es ofrecer un hogar estable y evitar que esas viviendas entren en la compraventa especulativa. Las personas residentes realizan una aportación inicial y pagan una cuota periódica. Los importes y las condiciones dependen de cada proyecto.
Algunas iniciativas se desarrollan en suelo público cedido durante un plazo largo. Eso permite planificar la vida con un horizonte de estabilidad, aunque no todos los proyectos tienen la misma duración ni las mismas condiciones económicas.
Para Borrell, esa seguridad tiene un valor que también merece estudiarse desde la salud: poder hacer planes sin vivir pendiente de si habrá que marcharse en la próxima renovación del contrato, vivir en comunidad y compartir las decisiones, o el hecho de tener una vivienda saludable.
Compartir espacios sin renunciar a la intimidad
La vivienda cooperativa combina espacios privados con otros compartidos. Cada hogar dispone de su espacio, mientras que la comunidad puede compartir una lavandería, una cocina para encuentros o zonas de juego.
La convivencia requiere acuerdos, participación y resolver las dificultades que puedan surgir. También puede facilitar el apoyo mutuo y compartir cuidados.
Borrell menciona La Borda, en el barrio barcelonés de Sants, y recuerda cómo se organizaron durante la pandemia. Cuenta que las personas adultas se turnaron para realizar actividades educativas con los menores.
Tener cerca a otras personas y disponer de espacios compartidos ofrecía posibilidades diferentes a las de un confinamiento vivido en un piso pequeño y aislado.
La comunidad, en este sentido, forma parte del interés del modelo. No se trata únicamente de dónde vivir, sino también de con quién contar cuando se necesita ayuda.
Qué se ha observado sobre la salud
El grupo de investigación en el que participa Borrell ha estudiado la relación entre este modelo y la salud de las personas residentes.
Los resultados apuntan a mejores condiciones de vivienda y a posibles beneficios para el bienestar y el apoyo social. Durante la entrevista, destaca la satisfacción con los hogares, la seguridad residencial y las relaciones de convivencia.
Es importante explicar estos resultados con prudencia. En uno de los estudios de seguimiento, las mejoras observadas en salud percibida y salud mental no alcanzaron significación estadística, debido a que la muestra era pequeña, pero sí que apuntan a ea mejora. Es una alternativa prometedora que necesita seguir evaluándose. link.springer.com
La barrera de entrada
Borrell tampoco oculta las dificultades.
Durante la entrevista sitúa la aportación inicial de algunos proyectos entre 20.000 y 30.000 euros, según el caso. Es una referencia orientativa, no una tarifa común a todas las cooperativas.
Para una persona joven sin ahorros, reunir esa cantidad puede resultar inaccesible, aunque las cuotas posteriores sean más asumibles. Por eso reclama más apoyo público para facilitar la entrada.
Desde La Dinamo acompañan a los grupos en la constitución de cooperativas, los trámites legales, la convivencia y la búsqueda de financiación.
La entrevistada reconoce que este modelo, todavía minoritario, no resolverá por sí solo la crisis de la vivienda. Lo presenta como una alternativa que merece conocerse y apoyarse, junto con otras respuestas como el alquiler público.
El barrio también forma parte de nuestra salud
La vivienda no termina en la puerta de casa.
Las zonas verdes, los espacios para caminar, los servicios y las relaciones vecinales forman parte de las condiciones que influyen en la salud.
Borrell advierte, además, de una contradicción: una mejora urbana puede hacer más agradable un barrio y, al mismo tiempo, encarecerlo hasta dificultar que sus vecinos puedan permanecer allí.
Es el riesgo de gentrificación. Mejorar un barrio requiere planificar también cómo proteger a quienes lo habitan para que puedan beneficiarse de esos cambios.
En las cooperativas, Borrell valora precisamente los esfuerzos por relacionarse con el entorno: colaborar con asociaciones vecinales, compartir recursos o abrir espacios útiles para el barrio. La comunidad no tiene por qué quedarse dentro del edificio.
Una respuesta que necesita más de una legislatura
La política ocupa un espacio menor en nuestra conversación, pero resulta inevitable.
Borrell defiende ampliar la vivienda pública, contener el precio de los alquileres y aumentar su duración, abordar los problemas relacionados con los usos turísticos y determinados contratos temporales. Son las propuestas que plantea durante la entrevista, desde su preocupación por las consecuencias de la vivienda sobre la salud.
Critica la falta de continuidad de las políticas públicas y considera necesario un gran acuerdo que permita trabajar a largo plazo. También cuestiona los intereses económicos que condicionan las decisiones y el enfrentamiento partidista que dificulta llegar a acuerdos.
«El problema es un problema de país», sostiene.
Su planteamiento es que una necesidad tan básica requiere una respuesta que vaya más allá de una legislatura. La estabilidad que necesita una familia difícilmente puede depender de empezar de nuevo cada pocos años.
Poder vivir sin miedo
Al terminar, Borrell vuelve a la salud y a la responsabilidad compartida. Invita a profesionales, investigadores y ciudadanía a implicarse en la defensa de una vivienda digna, y por lo tanto por la salud de la comunidad.
Su mensaje no promete una salida rápida, pero sí anima a buscar apoyo y mantener la capacidad de actuar:
«Ánimos y fuerza para seguir luchando para que la vivienda sea un bien común y no un bien de mercado».
Poder permanecer en casa, mantenerla en buenas condiciones y hacer planes de futuro forma parte de lo que necesitamos para estar bien. Escuchar la crisis de la vivienda desde la salud pública ayuda a comprender por qué sus consecuencias llegan mucho más allá del precio del alquiler.
