Hay debates que me duelen.
Y este es uno de ellos.
Escucho demasiadas veces que “los inmigrantes colapsan la sanidad” o que “vienen a operarse gratis”. Y cada vez que lo oigo me pregunto en qué momento empezamos a confundir miedo con datos.
La sanidad pública española no es un regalo. La pagamos con impuestos.
Y la sostenemos entre todos los que vivimos aquí.
También ellos.
1. La salud no es ideología, es derecho
Además, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un derecho humano fundamental, y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promovida por la Organización de las Naciones Unidas, reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice la salud y el bienestar.
El derecho a la protección de la salud está recogido en el artículo 43 de la Constitución Española y desarrollado en la Ley 14/1986, General de Sanidad.
No es una cuestión ideológica.
Es un principio jurídico y sanitario.
2. ¿Colapsan los inmigrantes la sanidad?
España, según el propio INE y datos demográficos europeos, es uno de los países más envejecidos de la Unión Europea. El envejecimiento poblacional es el principal determinante del incremento del gasto sanitario, no el origen de la población.
Datos.
Según el Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 15% de la población residente en España es extranjera. La mayoría está en edad laboral activa.
Diversos análisis comparativos en Europa muestran que la población inmigrante utiliza menos recursos sanitarios que la población autóctona envejecida, especialmente en atención especializada y hospitalaria. La mayor presión asistencial está vinculada a la cronicidad y la dependencia asociadas a la edad.
El relato del “colapso por inmigración” no se sostiene demográficamente.
3. ¿Vienen a aprovecharse?
Según datos de afiliación a la Seguridad Social publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan un porcentaje significativo de cotizantes y son esenciales en sectores como agricultura, construcción, hostelería y cuidados.
Además:
- Cotizan.
- Pagan IRPF (si trabajan formalmente).
- Pagan IVA.
- Pagan alquileres.
- Consumen.
Contribuyen al sistema que financia la sanidad pública.
En un país con baja natalidad y fuerte envejecimiento, la aportación de población en edad activa no es una carga estructural: es un factor de sostenibilidad.
4. ¿Qué ocurrió cuando se restringió el acceso sanitario?
El Real Decreto-ley 16/2012 limitó la cobertura sanitaria a personas en situación administrativa irregular.
Posteriormente, informes de organizaciones profesionales y académicas señalaron consecuencias como:
- Aumento del uso de urgencias.
- Retrasos en diagnóstico.
- Dificultad en el control de enfermedades crónicas.
- Impacto en salud pública.
En 2018, el Gobierno revirtió esa restricción ampliando nuevamente el acceso sanitario, reconociendo la necesidad de recuperar el enfoque universal.
La exclusión no demostró ser ni más eficiente ni más segura desde el punto de vista sanitario.
5. Exclusión sanitaria y salud pública
La Organización Mundial de la Salud y organismos europeos han advertido que dejar fuera del sistema a colectivos vulnerables aumenta riesgos epidemiológicos y costes a medio plazo.
La Atención Primaria actúa como filtro y prevención.
Si se bloquea esa puerta, el problema entra por urgencias.
Y eso cuesta más.
6. El verdadero problema del sistema
Si la sanidad pública sufre listas de espera y saturación, los factores señalados en múltiples informes institucionales son:
- Infrafinanciación en Atención Primaria.
- Déficit de planificación de profesionales.
- Jubilaciones masivas.
- Incremento de cronicidad por envejecimiento.
Culpar a la inmigración simplifica un problema estructural complejo.
7. Lo que no dicen los datos
Pero más allá de cifras, hay algo esencial.
Detrás de la palabra “inmigrante” hay personas que:
- Cuidan a nuestros mayores.
- Recogen nuestros alimentos.
- Sostienen sectores enteros.
- Pagan impuestos.
- Viven aquí.
Cuando enferman, no dejan de ser parte de la comunidad.
La sanidad pública no es caridad.
Es un contrato social.
Y los contratos sociales no deberían romperse por miedo.
Conclusión
La sanidad pública española no es gratuita: la pagamos entre todos.
Y precisamente por eso debe proteger a todos los que viven aquí.
La universalidad no debilita el sistema.
Lo hace más justo, más eficiente y más coherente con nuestros valores.
Referencias y fuentes
Marco normativo e institucional utilizado como base para el análisis.
- Constitución Española, artículo 43.
- Ley 14/1986, General de Sanidad.
- Real Decreto ley 16/2012 y normativa posterior de ampliación de cobertura de 2018.
- Organización Mundial de la Salud. Derecho a la salud y cobertura sanitaria universal.
- Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.
- Instituto Nacional de Estadística. Datos demográficos y estructura por edad en España.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social.
Manuel Nadal
Autor del artículo
